A mediados de mayo, y tras la visita a Ceuta del presidente Pedro Sánchez en compañía del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para escalar las devoluciones en las primeras semanas. En total, unas 7.500 personas regresaron voluntariamente o fueron devueltas, entre ellos niños y niñas, algo que la legislación española prohíbe y que está siendo investigado por el fiscal de Menores de Ceuta. Más de un mes después, las expulsiones se han detenido o se producen con cuentagotas y Ceuta afronta el reto de acoger a unos 2.000 adultos y más de 800 menores atendidos por la ciudad cuyos padres no quieren que regresen. La situación es muy difícil y estas personas duermen y viven en coches abandonados, debajo de los puentes, en el campo, en la playa en cárceles abandonadas…